LA JUSTICIA DIO INICIO A UN JUICIO POR DESOBEDIENCIA DE UNA ORDEN JUDICIAL EN UN CONFLICTO VECINAL

La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de La Rioja, en Sala Unipersonal a cargo del juez Dr. Mauricio Pérez Mota; quien dio inicio al juicio contra Cristina L. C., acusada del delito de desobediencia a la autoridad en situación de flagrancia, en el marco del procedimiento de la Ley Provincial N.º 8.661.

La mujer acusada de incumplir una medida judicial que ordenaba el cese de actos de perturbación y hostigamiento hacia un vecino, a raíz de un hecho ocurrido en noviembre de 2024 en la ciudad de La Rioja.

Durante la primera jornada declararon la imputada, el damnificado y personal policial y de Criminalística.

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 18 de noviembre de 2024, alrededor de las 12 horas, cuando la imputada se habría presentado en inmediaciones de la vivienda de la víctima y habría arrojado piedras contra el portón de chapa del inmueble.

La Fiscalía sostiene que esa conducta habría implicado el incumplimiento de una medida judicial que se encontraba vigente y que había sido dispuesta meses antes en favor del damnificado.

La medida judicial que habría sido incumplida

Según se expuso durante la audiencia, el 29 de julio de 2024, el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 3 había dispuesto una medida de protección en el marco de otro expediente.

La resolución establecía el cese de actos de perturbación, intimidación y hostigamiento, además de ordenar que la imputada se abstuviera de realizar conductas que pudieran poner en riesgo la salud física o psíquica del denunciante.

También contemplaba restricciones para establecer comunicaciones telefónicas, mediante mensajes, chats o redes sociales durante un plazo de 180 días.

La acusación sostiene que, pese a encontrarse vigente esa disposición, la imputada habría arrojado piedras contra el portón de la vivienda del denunciante. Tras un llamado a la Policía, personal de seguridad llegó al sector y procedió a su aprehensión a pocos metros del lugar.

La conducta fue encuadrada provisoriamente por el Ministerio Público Fiscal en el delito de desobediencia a la autoridad, previsto en el artículo 239 del Código Penal.

No hubo acuerdo para suspender el juicio

Antes de la apertura formal del debate se analizó la posibilidad de aplicar una suspensión del juicio a prueba, que contemplaba reglas de conducta y restricciones de acercamiento y contacto.

Durante la audiencia también se tuvo en cuenta que las viviendas de la imputada y del damnificado son colindantes, circunstancia que debía ser considerada para establecer eventuales pautas de conducta.

Finalmente, al no prosperar la alternativa planteada, el Tribunal dispuso continuar con el juicio oral y comenzar con la recepción de las pruebas ofrecidas por las partes.

La imputada negó haber sido notificada

Al ejercer su derecho a declarar, la imputada negó haber recibido una notificación oficial de la medida judicial que, según la acusación, habría incumplido.

La mujer manifestó que nunca fue notificada por personal policial de la existencia de la restricción y sostuvo que, de haberla conocido formalmente, habría adoptado los recaudos necesarios para evitar el contacto con el denunciante.

Luego de brindar esa versión, hizo uso de su derecho constitucional de no responder preguntas de las partes.

El damnificado relató episodios de hostigamiento

Posteriormente declaró el damnificado, quien brindó su versión sobre lo sucedido y describió una serie de conflictos previos que, según afirmó, venían produciéndose en el sector.

El testigo manifestó que ese día se encontraba en el interior de su vivienda junto a su familia cuando escucharon fuertes impactos contra el portón. Según su declaración, se habrían arrojado piedras y botellas, mientras se proferían insultos y amenazas.

También relató otros episodios que atribuyó a la acusada y aseguró que la situación generó temor y consecuencias en la vida cotidiana de su familia.

Entre ellas, declaró que luego del episodio su esposa sufrió una parálisis facial que vinculó al estado de angustia y estrés atravesado. Asimismo, afirmó que la familia terminó dejando la vivienda y que desde entonces residieron en inmuebles alquilados y casas de familiares.

Criminalística declaró sobre piedras y daños en el portón

Durante la jornada también compareció personal, integrante de Criminalística, quien reconoció y ratificó el relevamiento fotográfico efectuado durante el procedimiento.

El funcionario identificó las pruebas presentadas y las fotografías tomadas tanto en el lugar del hecho como durante el procedimiento policial.

También prestó declaración un oficial principal, quien ratificó las actuaciones de Criminalística y señaló que durante la inspección se observaron piedras en el sector y abolladuras que presentaba el portón de chapa.

Según su testimonio, la acusada fue localizada a aproximadamente 30 metros del lugar y se encontraba alterada al momento del procedimiento policial.

La notificación de la medida, otro punto analizado en el debate

Por su parte, el oficial inspector, quien se desempeñaba como sumariante de la Comisaría Séptima, declaró sobre las actuaciones realizadas luego de la aprehensión.

El funcionario reconoció documentación correspondiente al sumario policial y se refirió a la medida judicial que se encontraba vigente al momento del hecho.

Su testimonio adquirió relevancia frente a la versión brindada previamente por la imputada, quien sostuvo que desconocía formalmente la existencia de la restricción.