EL TSJ MOVILIZÓ RECURSOS EN TODA LA PROVINCIA PARA HACER EFECTIVA LA SUSPENSIÓN DE EMBARGOS

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja puso en marcha una operatoria coordinada que moviliza recursos jurisdiccionales, operativos y económicos para agilizar el cumplimiento de la Ley Provincial N.º 10.901, que establece por 180 días corridos la suspensión de determinadas medidas de embargo y ejecución vinculadas con créditos de consumo.

La medida implica mucho más que la suspensión dispuesta por la ley: requiere analizar expedientes, emitir las correspondientes órdenes judiciales y lograr que esas decisiones lleguen a tiempo a empleadores y organismos antes de que se produzcan las retenciones.

Para ello, el TSJ dispuso recursos económicos, humanos, vehículos y mecanismos de coordinación destinados a agilizar el procedimiento en toda la provincia.

Del expediente a la suspensión efectiva

La implementación comienza en los Juzgados de Paz Letrado, donde los expedientes deben ser analizados individualmente para determinar cuáles reúnen las condiciones previstas por la Ley N.º 10.901.

Una vez adoptada la decisión judicial, entra en funcionamiento otra parte clave del procedimiento: lograr que la orden sea comunicada con rapidez para que pueda tener efectos concretos.

En esa instancia intervienen oficiales de justicia y notificadores, quienes recibieron pautas destinadas a agilizar el diligenciamiento de las órdenes y su comunicación a empleadores y organismos.

El TSJ organizó recursos para dar pronta respuesta al procedimiento

A través de distintas disposiciones y acuerdos, entre ellos el Acuerdo N.º 343, el Tribunal Superior estableció acciones destinadas a organizar el trabajo y facilitar el cumplimiento de las decisiones que adopten los órganos jurisdiccionales.

La estrategia incluye la disposición de personal, movilidad y recursos operativos, además de canales de comunicación con organismos de la Función Ejecutiva Provincial y municipios.

El objetivo es que las órdenes judiciales puedan llegar también a todas las circunscripciones y localidades del interior provincial; para que la suspensión prevista por la ley pueda traducirse en una medida concreta para las personas cuyos casos efectivamente se encuentren comprendidos por la normativa.