LA JUSTICIA PROCESÓ A UN HOMBRE POR PRESUNTA VENTA IRREGULAR DE UN TERRENO ESTATAL

El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de La Rioja, a cargo del juez Dr. Héctor Daniel Barría, con intervención del secretario Dr. Rodrigo López García, resolvió dictar el procesamiento y prisión preventiva contra Francisco N. P., imputado por el delito de estelionato, previsto en el artículo 173 inciso 9° del Código Penal.

Según surge de la resolución judicial, la causa se originó a partir de la denuncia presentada por una mujer que manifestó haber adquirido en octubre de 2019 un terreno ubicado en la zona del Parque de la Ciudad, abonando una suma inicial y posteriormente distintas cuotas pactadas con el vendedor. Tiempo después, al solicitar un informe de dominio ante la Dirección General de Catastro, tomó conocimiento de que el inmueble figuraba como propiedad del Estado Provincial.

En el expediente se incorporó documentación vinculada a la operación comercial, entre ella contratos, informes de organismos públicos, actas notariales y constancias de pagos efectuados por la denunciante. Asimismo, se agregaron actuaciones relacionadas con averiguaciones realizadas ante organismos provinciales y capturas de conversaciones mantenidas con familiares del imputado.

De acuerdo con lo expuesto en la resolución, el magistrado consideró que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa procesal, que el imputado habría tenido conocimiento de que el terreno comercializado no le pertenecía y, aun así, concretó la operación.

El fallo explica que la figura penal de estelionato contempla situaciones en las que una persona dispone de bienes ocultando circunstancias esenciales sobre su situación jurídica, induciendo a error a quien contrata.

En consecuencia, el juez resolvió dictar el procesamiento y prisión preventiva del imputado, manteniendo la libertad provisoria oportunamente concedida. Además, ordenó trabar embargo sobre bienes hasta cubrir la suma de 500 mil pesos para responder a eventuales costas y obligaciones del proceso.