LA JUSTICIA PROCESÓ Y ORDENÓ LA PRISIÓN PREVENTIVA DE UN HOMBRE POR ABUSO CONTRA UN ADOLESCENTE

El Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de La Rioja, a cargo de la jueza Dra. Jesica Díaz Marano, quien resolvió procesar a Rodrigo E. C. como supuesto autor del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de un adolescente.

La resolución fue adoptada por la jueza interviniente, Dra. Jesica Díaz Marano, quien consideró que, en esta etapa del proceso, existen elementos de convicción suficientes para tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido, tanto la materialidad del hecho como la participación del imputado.

Según surge de la investigación, los hechos habrían ocurrido en un período comprendido entre los años 2022 y 2023, en el contexto de encuentros en el domicilio del acusado, donde la persona menor de edad concurría junto a otros adolescentes. Asimismo, se incorporaron a la causa elementos vinculados a posibles maniobras de manipulación a través de medios tecnológicos, lo que forma parte del análisis integral del caso.

Entre las pruebas valoradas por el tribunal se encuentran declaraciones testimoniales, informes técnicos, pericias informáticas y el testimonio de la víctima receptado mediante el sistema de Cámara Gesell, el cual fue considerado consistente, coherente y sostenido a lo largo del proceso.

En este sentido, la magistrada entendió que el plexo probatorio reunido resulta suficiente para avanzar hacia la siguiente etapa procesal, sin que ello implique un juicio definitivo sobre la responsabilidad penal, lo cual será materia de debate en una instancia posterior.

Por otra parte, en función de la gravedad del delito atribuido, la expectativa de pena y los riesgos procesales existentes, como la posibilidad de entorpecimiento de la investigación o de fuga, se dispuso mantener la prisión preventiva del imputado, quien continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.

Asimismo, se ordenó trabar embargo sobre los bienes del procesado y remitir actuaciones al Ministerio Público Fiscal a fin de evaluar la posible comisión de otros hechos ilícitos surgidos a partir de la pericia informática incorporada en la causa.

La decisión se enmarca en las políticas de protección integral de niñas, niños y adolescentes, garantizando el resguardo de sus derechos y la intervención judicial oportuna frente a hechos que comprometen su integridad.