LA JUSTICIA ELEVÓ A JUICIO UNA CAUSA POR ROBO EN UNA VIVIENDA DE LA ZONA SUR

El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1 de la Primera Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de La Rioja y a cargo de la jueza Dra. María Cecilia Córdoba, elevó a juicio la causa contra Pablo A. B. O. por el presunto delito de Robo (art. 164 del C.P.).
El Juzgado de Instrucción resolvió elevar a juicio la causa, en la que se investigó un hecho ocurrido el 21 de noviembre de 2024 en el barrio Urbano 3 de la ciudad de La Rioja. La decisión fue adoptada tras valorar las pruebas reunidas durante la etapa instructoria y dictar previamente el procesamiento y prisión preventiva del imputado.
Según la denuncia presentada por una ciudadana, ese día, aproximadamente entre las 08:00 y las 10:00 horas, desconocidos ingresaron a su vivienda mientras ella se encontraba trabajando, violentando la cerradura del portón de acceso y sustrayendo diversos elementos del domicilio.
La reconstrucción del hecho incluyó inspecciones oculares, allanamientos, secuestro de objetos, cooperaciones técnicas con documentación fotográfica y el análisis de registros fílmicos captados por cámaras de seguridad. Dichas imágenes mostraron a un individuo trasladando objetos coincidentes con los sustraídos en la denuncia.
Asimismo, varios testigos prestaron declaración ante la sede judicial, ratificando lo actuado durante la investigación. Entre ellos, un vecino afirmó que el imputado le ofreció a la venta una escalera similar a la denunciada como robada.
El imputado fue detenido y posteriormente indagado, haciendo uso de su derecho a abstenerse de declarar. A partir del conjunto de evidencias, la jueza concluyó que se encontraban reunidos los requisitos previstos por el artículo 327 del Código Procesal Penal para atribuirle, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa, la presunta autoría del delito de Robo con fuerza en las cosas, tipificado en el artículo 164 del Código Penal Argentino.
En su resolución, también se dispuso el embargo de bienes hasta cubrir la suma de $500.000, a fin de responder a eventuales responsabilidades penales y costas procesales.
Con los elementos reunidos y cumplidas las etapas previstas por el procedimiento penal, la causa fue formalmente elevada a juicio para su tratamiento en el tribunal competente.

















