LA JUSTICIA CONDENÓ A UN HOMBRE POR EL ROBO A UN ADOLECENTE Y LA AGRESIÓN DEL PADRE

La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, en Sala Unipersonal a cargo de la jueza Sara Alicia López Douglas, resolvió dictar sentencia en el marco del juicio abreviado solicitado por la defensa de Agustín Sebastián Villarroel, alias "Papelito" y/o "Bonchi", quien fue declarado autor penalmente responsable de dos hechos ocurridos el 28 de septiembre de 2023 en la ciudad Capital: un robo a un adolescente de 13 años y una posterior agresión con arma blanca contra el padre del menor, quien intentaba recuperar el celular sustraído.

Según el fallo, el primer hecho tuvo lugar cerca de las 3:00 de la madrugada, cuando Villarroel interceptó al adolescente en la vía pública, le pidió la hora y, al ver que el menor sacaba su celular, se lo arrebató violentamente para luego huir. Más tarde, ese mismo día, alrededor de las 8:30, el padre del menor, se presentó en el domicilio donde se encontraba el acusado y le solicitó la devolución del teléfono. Villarroel respondió con una agresión, propinándole una puñalada con un cuchillo tipo tramontina, provocándole lesiones que motivaron su internación.

La jueza López Douglas homologó el acuerdo alcanzado entre el fiscal José Oliveros Icazatti, la defensora oficial Gabriela Chanampa y el propio imputado, quien admitió los hechos y consintió el procedimiento de juicio abreviado. En consecuencia, fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

Sin embargo, dado que Villarroel ya contaba con una condena previa de un año y siete meses de prisión condicional dictada en 2021 por delitos de hurto y tentativa de hurto, y considerando que cometió estos nuevos hechos dentro del plazo de cuatro años establecido por ley, se resolvió revocar dicha condicionalidad.

Determinando una nueva pena unificada en 4 años y 7 meses de prisión de cumplimiento efectivo, conforme lo dispuesto por los artículos 58 y 27 del Código Penal. El condenado continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial y se ordenó su incorporación a un programa de rehabilitación por consumo de sustancias.

Asimismo, el tribunal ordenó el decomiso y destrucción del arma utilizada en el segundo hecho, y notificó a la Unidad de Asistencia a la Víctima para garantizar los derechos de las personas damnificadas.

Finalmente, se impusieron las costas del proceso a cargo del imputado y se fijaron honorarios profesionales a su defensa. La sentencia fue consentida por todas las partes y quedó ejecutoriada.